¿Cuál es el precio por salvar a los ministros del 2×1?

Por Horacio Javier Etchichury (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho
I. 
En calles y plazas, multitudes en todo el país expresaron un profundo y contundente repudio al fallo “Muiña” de la Corte Suprema, que –por tres votos contra dos– declaró aplicable la derogada ley del “2 x 1” a condenados por delitos de lesa humanidad.
Sobre esa ola de indignación el Congreso sancionó la ley 27.362. Ella establece una “interpretación auténtica” de la ley 24.390 (la del “2 x 1”) que excluye –dice allí el Congreso– aquellos casos. No anula la ley 24.390: solo fija cómo se la debe entender.
Ahora se espera que los 3 ministros de la mayoría dicten un nuevo fallo. Dirán que esta nueva ley “aclaratoria” les permite resolver de modo contrario a lo que firmaron el 3 de mayo en el caso “Muiña”.
 
II.
Pero si Highton, Rosatti y Rosenkrantz creen genuinamente en lo que votaron primero, entonces  deberían rechazar el salvavidas. Esta nueva ley –según sus mismos argumentos– no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de un condenado (por cualquier delito). Sus nuevos votos tendrían que ser iguales a los vertidos en “Muiña”. Si los 3 ministros fallaron correctamente la primera vez, esta nueva norma no debería modificar el resultado.
No hacía falta ninguna aclaración del Congreso. Los ministros que votaron en minoría (Lorenzetti y Maqueda) pudieron rechazar el pedido del represor Muiña sin necesidad de la ley 27.362. Maqueda explicó que por tratarse de un delito permanente (la desaparición del médico Jorge Mario Roitman), la ley del “2 x 1” nunca entró en vigencia con posterioridad a su comisión. Sencillamente, porque el crimen sigue cometiéndose hasta hoy. Otros argumentos justificarán también –en su momento– el rechazo del beneficio para casos de delitos no permanentes.
La ley 27.362 sirvió, por un lado, como expresión institucional del repudio. Sin embargo, cumple otra función: dar una salida elegante para que los 3 ministros de la mayoría puedan volver sobre sus pasos dando una excusa jurídica.
¿Qué precio vamos a pagar para salvar el prestigio de estos tres funcionarios? Reconocerle al Congreso la facultad de interpretar retroactivamente leyes derogadas, de un modo que será aplicable a casos sentenciados, incluso en perjuicio de las personas condenadas. ¿Queremos darle al Legislativo esa atribución?
III.
¿Y si mañana una movilización logra que el Congreso “interprete” auténtica y retroactivamente el inciso 2 del art. 86 del Código Penal, diciendo que esa norma “realmente” castiga los abortos que –después del fallo “F. A. L.” de la Corte en 2012– se consideran no punibles?
¿Qué pasaría si una nueva marcha como la que lideró el “ex-ingeniero” Blumberg en 2004 exigiera al Parlamento una interpretación regresiva y retroactiva de normas penales?
Es un riesgo concreto. Un precio muy alto a pagar con la sola finalidad de que 3 funcionarios puedan justificar su giro en redondo y así permanecer en sus puestos.
 
IV.
La salida es otra. Si la mayoría tenía razón en “Muiña”, corresponde una reforma constitucional, y no simplemente legislativa. El principio de irretroactividad de la ley penal está en la Constitución, no en una ley.
Pero si la mayoría estaba equivocada y la solución correcta es la de la minoría, entonces procede el juicio político a Highton, Rosenkrantz y Rosatti por mal desempeño.
Con los mismos votos reunidos para aprobar la ley 27.362, alcanza y sobra para que Diputados acuse y el Senado destituya a los 3 integrantes de la mayoría.
La destitución o la renuncia de ministros de la Corte están previstas en la Constitución. Darle al Congreso el poder para reescribir leyes por vía “interpretativa” y aplicarlas a casos sentenciados es una alternativa demasiado riesgosa. Y el objetivo es demasiado pequeño. No debemos aceptar un precio tan alto para salvar la carrera de tres integrantes de un tribunal.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Magister en Derecho, Yale Law School. Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UNC. Investigador Adjunto, CONICET. Director de GIDES (Grupo de Investigación en Derechos Sociales).